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URBANAS Y RURALES DEL PERÚ

Buenas prácticas de las defensorías del pueblo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en procesos de consulta previa.


4 Octubre, 2017 11:43 pm

Incluye experiencia de instituciones invitadas de Argentina, Brasil y Guatemala.

Esta publicación ha sido posible gracias a la labor del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú, al trabajo conjunto de las defensorías del pueblo, y al apoyo de la cooperación española (AECID) y alemana (GIZ).

Presentación

Para elaborar los estándares regionales de actuación defensorial se decidió partir de las propias experiencias positivas de las defensorías de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Para ello, cada una de las instituciones identificó el trabajo que realizó en defensa del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Esas experiencias fueron compartidas en una reunión a la que asistieron representantes de las cuatro defensorías participantes, así como representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano del Brasil y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala.

El presente documento es el resultado de la sistematización de las experiencias identificadas y compartidas en dicho evento. Este consta de dos partes. La primera presenta el trabajo de los países participantes. Por cada país se aborda el contexto normativo en el que se desenvuelve el derecho a la consulta, el avance que el país ha tenido en la implementación de ese derecho desde la mirada de las defensorías, el rol que la defensoría del pueblo ha asumido en ese contexto, y la buena práctica en materia de consulta previa identificada por cada una de las entidades participantes.

La recopilación nos muestra la amplia gama de estrategias que despliegan las defensorías de la región para promover el efectivo cumplimiento del derecho a la consulta previa. Así, la Defensoría del Pueblo de Bolivia expone sus aportes para mejorar el proceso de construcción de la Ley Marco de Consulta Previa y para presentar una acción de inconstitucionalidad contra un decreto que vulneraba en la normativa convencional vigente. Por su parte, la Defensoría de Colombia resaltó su intervención como moderador y supervisor en la consulta previa realizada sobre las medidas legislativas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas pertenecientes a grupos étnicos,
con ocasión del conflicto armado en su país.

Este evento se realizó el 3 y 4 de noviembre de 2016 en la ciudad de Lima, Perú. De igual forma, la Defensoría de Ecuador destacó sus propuestas sobre el tratamiento de la consulta previa, a propósito de la implementación del proyecto minero Río Blanco en territorio indígena. Finalmente, la Defensoría del Perú destacó su intervención en la
adopción de la medida administrativa que aprueba la categorización de la Zona Reservada Sierra del Divisor como Parque Nacional, luego de haber presentado una acción de amparo que obligó al Estado a cumplir con los acuerdos consignados en el acta de consulta que se llevó a cabo para dicho fin. No obstante, cabe recordar que esta entidad
presentó un proyecto de ley marco en 2009, que dio origen a la actual Ley de Consulta Previa que rige en Perú.
En la segunda parte del documento se presentan las experiencias de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano del Brasil y la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, instituciones que también vienen trabajando en la protección del derecho a la consulta previa en sus paí-
ses y que se suman a este esfuerzo regional. El trabajo realizado por estas instituciones está enmarcado en el contexto legal e institucional en el que se desenvuelven, lo que contribuye a comprender que la garantía de este derecho presenta distintos niveles de desarrollo y desafío en la región.

La información de este documento tiene como fuente principal la sistematización que cada defensoría participante ha realizado sobre la consulta previa. En ese sentido, no se trata de un resumen exhaustivo de las políticas de consulta previa de cada país si no de una recopilación de la información que cada entidad ha brindado al equipo de
redacción desde su experiencia, sus funciones y sus limitaciones.

 

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